COINCIDEN PAN Y PRD EN REGULAR ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE MANERA SEPARADA

Los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Laura Angélica Rojas Hernández coincidieron en que los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales deben ser regulados por leyes separadas y que el órgano garante actual sea el que proteja la información de los ciudadanos.

Al participar en el XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, la senadora Rojas Hernández dijo que para el grupo parlamentario de Acción Nacional es momento de otorgar al derecho de protección de datos personales la posición que le corresponde en el marco legal mexicano, pues siempre ha estado a la zaga.

En el encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), aseguró que la reforma constitucional permite dar al acceso a la información y protección de datos una ley para cada rubro, además, consideró necesario que el propio Instituto garantice el ejercicio este segundo derecho.

Opinó que la creación de un nuevo órgano para tutelar la protección de datos personales generaría confusión, mayor costo al erario y haría difusa la estrategia en esta materia, al establecer dos caminos distintos.

Indicó que un grupo de senadores se encarga de que la redacción de iniciativas se haga por consenso sobre tres temas: acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, destacó que la elaboración de las leyes secundarias será resultado de un esfuerzo plural, en el que no sólo participen los grupos parlamentarios, sino el IFAI, los órganos locales, académicos y expertos.

Afirmó que en los próximos días quedará listo el proyecto de Ley de Acceso a la Información para que “estemos en condiciones de presentarla al pleno del Senado y podamos aprobarla antes del 15 de diciembre de este año”.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, consideró que es necesario hacer frente, con reglas claras, a los fenómenos informáticos y tecnológicos que ponen a disposición de los usuarios, de manera indiscriminada, datos de los ciudadanos que no están sujetos a control.

Advirtió que la obligación que se estableció para que los concesionarios de telecomunicaciones mantengan durante dos años la información relativa a las comunicaciones de los ciudadanos “es muy útil en materia de combate a la delincuencia organizada”, pero puede constituir una violación grave al derecho a la privacidad.

Por: yelo