Francisco y la Iglesia católica: Entre
la renovación y la estrategia política
Guillermo Montalvo Fuentes / NotieSe
Desde la renuncia de Benedicto XVI, y la consecuente llegada de Francisco como nuevo líder de la Iglesia católica, el mundo ha sido testigo de hechos y declaraciones que podrían tomarse como una suerte de renovación histórica por parte de esta institución religiosa; sin embargo, expertos en la materia hablaron sobre el tema y analizaron qué tanto el Vaticano empieza a desempolvarse, o si se trata sólo de una estrategia política y mediática para recuperar su dominio en la cultura moderna.
Una “crisis de época”
El 11 de febrero de este año Benedicto XVI dio a conocer su renuncia como jefe del Estado Vaticano, anuncio que se concretó posteriormente el 28 de ese mismo mes al quedar la “sede vacante”. Entonces Joseph Ratzinger argumentó que dimitía de su cargo “por falta de fuerza”.
Luego de un cónclave en el que participaron 115 cardenales, Jorge Mario Bergoglio, hasta entonces arzobispo de Buenos Aires, Argentina, fue elegido el 13 de marzo para ser el Papa número 266 en la historia de la Iglesia católica.
Desde entonces y a la fecha, la presencia de Bergoglio, ahora papa Francisco, ha cobrado fuerza en la escena internacional, sobre todo en los medios de comunicación, debido a sus declaraciones y a los hechos emprendidos desde que inició su periodo al frente del Vaticano.
“Si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quién para juzgarla”, “Los jefes de la Iglesia han sido narcisistas, y la corte aduladora una lepra del papado, “La Iglesia no es sólo para los puros, todos hemos pecado” y “Uno de los defectos de la Iglesia es que se ha mantenido encerrada en sí misma”, son algunas de las frases del papa Francisco que han agitado el avispero dentro y fuera del Vaticano.
Además, han ocurrido cambios concretos que buscan renovar la curia romana, entre ellos el nombramiento de un nuevo secretario del Estado Vaticano –se va el cardenal Tarcisio Bertone y llega Pietro Parolin, exnuncio de Venezuela– y la implementación de mecanismos para someter a las finanzas del Instituto para las Obras de Religión (mejor conocido como Banco Vaticano) a un régimen de control y transparencia.
Todo esto ha generado expectativas, pues se ha tomado como indicio de un posible cambio histórico de la Iglesia católica, el cual pudiera conducirla a una postura más abierta con respecto a temas como la interrupción del embarazo, eutanasia, participación de las mujeres al interior de la Iglesia y diversidad sexual. Sin embargo, especialistas en el tema han señalado que no es así, entre ellos Bernardo Barranco, sociólogo de la religión.
En entrevista con NotieSe, Barranco mencionó que la Iglesia católica está en una “crisis de época”, pues desde hace algunos años se ha acentuado la distancia y el conflicto entre la institución y el sentido común de la cultura moderna.
“La Iglesia se ha enfrentado por muchos años a temas como el aborto, homosexuales, divorciados vueltos a casar, eutanasia y celibato, de tal manera que ha salido verdaderamente raspada. Si a esto se le suman los escándalos de pederastia clerical, que vienen desde hace más de 10 años, y le sumamos las fricciones internas al interior de la curia romana, tenemos un cuadro caótico”.
Para el especialista, la Iglesia católica, con tantos escándalos y líos internos, ha perdido su capital moral, lo más valioso que tiene cualquier institución que maneja los valores. “Por lo tanto la Iglesia se dio cuenta de que necesitaba una estrategia, hacer algunos ajustes”.
Francisco, ¿un revolucionario que salió del closet?
De acuerdo con Bernardo Barranco, es en este contexto caótico en el que se debe entender la presencia “fresca y renovadora” de Francisco, quien fue elegido como Papa por un cónclave que se percató de que el modelo conservador de la Iglesia ya no da para más.
“No es que él (Francisco) sea un revolucionario que pasó décadas escondido, subterráneo, un revolucionario que salió del clóset. No. Hay que recordar que Bergoglio forma parte de una generación conservadora de cardenales y obispos, que siendo él arzobispo de Buenos Aires enfrentó con dureza muchas políticas progresistas. De pronto pareciera que se trata de otra persona, la que estuvo en Buenos Aires y la que está ahora en Roma. Lo que sucede es que Francisco forma parte de una estrategia hecha por el cónclave desde antes de elegir Papa”, afirmó Barranco.
Al respecto, Gustavo Ortiz Millán, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que el papa Francisco es un “político hábil” que favorecerá mucho a la Iglesia católica, pues “aunque no tiene la solidez teórica de Benedicto XVI ni el carisma de Juan Pablo II”, sí ha tomado una posición de más acercamiento con la gente.
Sin embargo, el académico mencionó que “sería ingenuo” suponer que la Iglesia, con la llegada de Francisco, “se pondrá al día” en temas como los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexual; tal es así, dijo, que Francisco ha decidido dejar de poner énfasis en estos temas y concentrarse en otras cuestiones, por ejemplo la desigualdad que hay en el mundo entre pobres y ricos.
Para Ortiz Millán, esa mirada de Francisco hacia los pobres le devolverá a la Iglesia católica los adeptos que ha perdido en los últimos años, luego de que muchas personas han abandonado la Iglesia porque tienen expectativas que la institución no les ha podido resolver.
El investigador de la UNAM recordó que en México, hace 100 años, de ser un país casi 100 por ciento católico, hoy en día se estima oficialmente que hay 84 por ciento de personas que profesan esta religión. En Brasil, explicó, sucede lo mismo: se ha reducido el número de católicos.
“Lo anterior es preocupante, pues se trata de los dos países con mayor población católica en el mundo. El Vaticano ya se dio cuenta de esto, pero aun así no creo que pueda cambiar lo suficiente para responder a toda esta gente que está abandonando la Iglesia”, aseguró Millán.
Renovación de la franquicia, no de la doctrina
Con la llegada de Francisco al Vaticano, la figura del Papa ha vuelto a ser tema en los medios de comunicación, pues de nuevo se ha convertido en un personaje de interés para la sociedad, un papel que de acuerdo con Judith Vázquez, teóloga por la Universidad Iberoamericana, ya no jugaba Benedicto XVI.
No obstante, la también lesbiana y feminista, aseguró que la “estrategia política” de Francisco y de la Iglesia católica no responde a las necesidades de la sociedad, sino que le apuesta simplemente a generar un cambio al interior de la Iglesia para que el “negocio” de esta institución, que se ha visto afectado luego de las pérdidas originadas por la ausencia de tantos feligreses, siga siendo redituable.
“La Iglesia católica es la franquicia con mayores recursos en el mundo, lo suficientemente sustentable para administrarse a sí misma sin tener pérdidas, porque el producto que vende no tiene costo de producción. Esa es la renovación de la que habla Francisco, de renovar las estructuras, no la Iglesia como pueblo de Dios”.
Por su parte, fray Julián Cruzalta, profesor en Teología y asesor teológico de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que si bien el papa Francisco ha hecho declaraciones de moral y dogma “muy fuertes”, coincidió en que esto no supone que venga para la Iglesia católica un cambio en la doctrina y el dogma.
El especialista reconoció que la renovación de la Iglesia se dará sólo en la burocracia vaticana, en la estructura, pero no habrá cambios en cuanto a dogma, doctrina y moral.
“Conociendo la historia de la Iglesia, los cambios profundos son muy lentos; sin embargo, llevaba muchos años sin moverse, y ahora ha comenzado a dar pequeños pasos. Juan Pablo II y Benedicto XVI le apostaron a una Iglesia faraónica que encubre cosas y de mucho poder, pero fracasó este proyecto, la gente se fue, por eso se dieron cuenta de que si seguía otro papado de este estilo sería el final. En pocos meses Francisco ha logrado cambiar la imagen de la Iglesia”, dijo Cruzalta.
Al respecto, Jaime Laines, del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos e integrante del Observatorio Eclesial, se manifestó optimista ante los cambios que se han empezado a generar desde el Vaticano, pues aseguró que las declaraciones de Francisco en otros papas eran “impensables”.
Sin embargo, Laines coincidió en que los cambios doctrinales, por tener implicaciones en la moral que defiende la Iglesia, son pendientes que se resolverán a largo plazo.
“La Iglesia tiene miedo al cambio de fondo, pues una renovación total le supondría cambios muy radicales, darle un giro a lo que consideran que es una persona, una relación humana, una convivencia familiar o lo que significa ser cristiano, pues a partir de ahí se vendrían en cascada cambios en la ética, la moral y la forma de vivir la Iglesia”.
Un resto cultural aislado en el mundo
Para estos cinco especialistas, la única opción que tiene la Iglesia católica, frente a las necesidades de la cultura moderna, es cambiar, convertirse en una iglesia más humana e incluyente.
De acuerdo con Bernardo Barranco, la Iglesia en este momento está “urgida” de un giro de actitudes, pero sobre todo, de ubicar cuál es su rol en la vida de la sociedad moderna; y en este sentido, el sociólogo consideró que la Iglesia debe responder a las necesidades de la gente y estar alerta a los cambios culturales.
“En un mundo globalizado, el discurso autoritario, condenatorio y chantajista de la Iglesia queda rebasado frente a una sociedad que cada vez es más diversa. En este momento de mundialización la Iglesia se da cuenta que tiene que hacer ajustes. No en balde ha permanecido 2 mil años a lo largo de la historia; ha pasado por crisis sucesivas y ha sido gracias a su capacidad de adaptación que ha podido sobrevivir”.
Gustavo Ortiz Millán concluyó que hay temas en la Iglesia católica que pueden reformarse porque no parten de un dogma, por ejemplo el excesivo centralismo vaticano o el celibato sacerdotal; sin embargo, señaló que hay otros, como el aborto o la homosexualidad, en los que dijo, “no hay que esperar cambios importantes, pues renovarse en estos temas, es tanto como ir en contra de La biblia, y por consiguiente en contra de la naturaleza de la Iglesia”.
A pesar de este panorama, dijo que la Iglesia no es “monolítica”, por lo que no es imposible que cambie. “Finalmente hay cosas que se han cambiado en el pasado y están en La biblia, por ejemplo, La biblia permite la esclavitud y hoy en día es claro que el Vaticano se opone. De ahí que la Iglesia sí ha ido cambiando a lo largo de los siglos, aunque de manera muy lenta”.
Por su parte, Judith Vázquez señaló que en una Iglesia renovada implica “un mundo donde todos nos miremos como iguales, utilizar el poder como capacidad y no como control”.
En esta idea concluyó fray Julián Cruzalta, para quien la única opción que tiene la Iglesia católica es cambiar, “o se queda sola aislada en el mundo”.
Jaime Laines también aseguró que la única alternativa de la Iglesia católica es “reformarse a fondo”, de lo contrario pasará lo que ya viene sucediendo: que se convierta en una institución cada vez más abandonada, hasta quedar como un “resto cultural” en el futuro.
“Nos corresponde a todos los creyentes como responsables de nuestra propia fe, y a los no creyentes como parte de un fenómeno social de nuestro tiempo, seguir atentos a mirar críticamente lo que está sucediendo y seguir pidiéndole a nuestra Iglesia que sea una Iglesia de acuerdo a lo que requiere nuestra época. ¿Hasta dónde llegarán los cambios de Francisco y la Iglesia católica? Ya lo veremos”.
A 20 años de su encarcelamiento, el general
Gallardo revela pormenores de su historia
José Sobrevilla
sobrevill@yahoo.com.mx
“Desde cadete me di cuenta de la corrupción que había en el Colegio Militar. Todo tenía un costo: peluquería, rancho, exámenes, servicios, órdenes de arresto. Siempre estuve al margen; quienes las practicaban me tildaban de falta de compañerismo o espíritu de cuerpo”. José Francisco Gallardo, UNAM, tesis de maestría La necesidad de un ombudsman militar en México”, p. 4.
“Fue el 8 de noviembre de 1993 en el restaurante Covadonga, por el hotel de México, cuando en un desayuno en que estuvo presente Vicente Fox presenté mi proyecto de tesis. Yo iba uniformado y Fox se sentó a mi lado, ‘Yo me siento junto al poder’, dijo cuando le preguntaron dónde se quería acomodar. Después del acto, en el sanitario, Eduardo Ibarra, director de la revista Forum, a quien no conocía, me aborda y pregunta si le autorizo publicar parte de mi tesis; respondo que sí.
“Una vez publicada, sentí escalofrío. No sabía cómo reaccionarían mis compañeros. Desde antes, yo traía un problema con el general Antonio Riviello Bazán, porque desde que se acabó el sexenio de Miguel De la Madrid, ‘me traían marcando el paso’.
“Después de ser secuestrado por más de 20 militares y amenazado en el camino, fui llevado ante el secretario de la Defensa. Llego a su despacho, realizo el protocolo militar de rigor; se encontraba su secretario particular, el jefe del Estado Mayor y mucha gente. Con un grito me reprocha: ‘¿Quién le autorizó publicar esto?’ Y me avienta la revista Forum a los pies”.
–Lo escribí porque no tengo que pedir permiso a nadie para hacer uso de mis derechos constitucionales, mi general. –Respondí.
–Sí, pero ¡usted firmó un contrato y lo debe respetar! ¡Aquí estamos en el Ejército!
–Yo firmé un contrato para entregar mi voluntad y mi vida al país, no mi dignidad.
“Al final del regaño, cuando se le acaba la cuerda, me grita: ¡Levante esa revista!”
–¿Puedo hablar? –Pregunté.
–Sí.
–Pues levántela usted, mi general. Usted la tiró.
–¡Cómo se te ocurre increpar al señor secretario! –Me amonesta indignado el jefe del Estado Mayor.
–No lo estoy increpando; sólo estoy respondiendo lo que me dijo.
Otro general de los presentes espeta: –¡Estás relajando la disciplina militar!
–¡Usted no se meta general, ésta es cosa de hombres: entre el secretario de la Defensa y yo! –Respondo enérgico.
–Además, agrego, yo no estoy relajando la disciplina militar; quien lo hace es el secretario de la Defensa, por llamarme la atención delante de personal de menor graduación.
“Me doy la media vuelta y me retiro. Me grita el secretario de la Defensa: ‘¡No se retire!’”
–Claro que sí me retiro, mi general.
–¡Lo voy a procesar!
–Pues procéseme, si puede.
“Me dirijo hacia la puerta donde se encontraba un policía militar vigilando. De un grito, el secretario de la Defensa le advierte: ‘¡Que no salga! Con voz tranquila le digo, ‘voy a salir mi teniente’. ‘Sí mi general’, responde, y se hace un lado para que cruce la puerta. Ya estando afuera me detienen y llevan a la cárcel. Como a la media hora llega el teniente que me dejo pasar, también arrestado”.
Después de ocho años, dos meses y 28 días de estar en prisión, y haber ganado 37 amparos, una resolución de las Naciones Unidas y una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se pedía su liberación inmediata, el 7 de febrero de 2002, Gallardo fue puesto en libertad por decreto presidencial anunciado por dos secretarios de Estado: Santiago Creel, de Gobernación, y Jorge Castañeda, de Relaciones Exteriores.
¿Valió la pena?
–Sí. Porque a raíz de mi encarcelamiento fueron modificados los programas de educación militar para incluir derechos humanos; se creó una Subprocuraduría de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia Militar; los juicios de amparo se abrieron. Hoy, por ejemplo, un actuario puede notificar dentro de una prisión militar; y entró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no sirve para nada, porque sólo encubre autoridades del poder político.
Se creó una dirección de Comunicación Social, que era inexistente; se incluyó en la planeación estratégica nacional los derechos humanos. Fue creada la Dirección General de Derechos Humanos del Ejército “que sólo es la burocratización del tema, porque cuando llega una recomendación al secretario de la Defensa, se envía a esa oficina; pero es encabezada por quienes violaron derechos humanos cuando ejercieron como agentes del Ministerio Público o juez. “Es una tomadura de pelo”, sin embargo ya es un avance.
Entonces, 20 años después ¿ratifica la necesidad de un ombudsman militar?
–No sólo eso; lo ratifico pero ahora digo que el Ejército, en las condiciones en que se encuentra, debería desaparecer; comentó el general José Francisco Gallardo Rodríguez (Atotonilco el Alto, Jalisco, 6 de octubre de 1946).
Ejército, obstáculo al desarrollo democrático
La charla se dio en el María Cristina, grupo de reflexión coordinado por el director de Forum en Línea, Eduardo Ibarra Aguirre. Allí, tajante, el general Gallardo enfatizó “Lo he dicho N veces: para reformar al Estado, hay que reformar al Ejército.
“En un Estado democrático el debate es político, no militar; y hoy existe una activa participación de los militares en las estructuras políticas; sin embargo inhiben el avance democrático del país, al realizar funciones que corresponden a otras instituciones, como campañas de vacunación, alfabetización, Plan DN-III, o al combatir el narcotráfico.
“La razón de cualquier Ejército del mundo es defender a la patria y, hasta ahora, el Ejército Mexicano jamás ha hecho funciones de defensa nacional.
“La máxima institución del país nació por un decreto del Congreso de Coahuila en 1913, después del asesinato de Madero, en el que exhorta a Carranza, gobernador entonces, a convocar la formación de una fuerza militar estatal; pero como la situación estaba muy conflictiva, tuvo respuesta nacional”.
Señala que la guardia nacional está contemplada por la Constitución, pero no se encuentra reglamentada. Se integra sin goce de sueldo para sus integrantes y es coyuntural; sin embargo, el gobierno no auspicia su formación.
La guardia nacional dependería directamente de los gobernadores y no es permanente. Sus efectivos se forman con gente común. Los mandos se nombran por votación, operan en asambleas y maniobras militares en la jurisdicción estatal. Si el presidente las quisiera sacar del estado, tendría que pedir autorización al Congreso.
Para el general Gallardo, la inseguridad en México se resolvería, en parte, impulsando la formación de la guardia nacional, las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, mismos que surgen del influjo del pueblo por incompetencia de los gobernantes.
Pero también la pobreza se podría solucionar si se promocionara la producción comunitaria y el impulso al cooperativismo. En sí, fortalecer aquellas instituciones que estén lo más alejadas del gobierno y de la banca privada.
“Me llama la atención –continúa el general brigadier– una situación contemplada en la Constitución en el artículo 89 fracción séptima, donde dice que el presidente de la república tiene facultad para usar la guardia nacional en defensa de la seguridad exterior e interior de la nación. Pero no dice de la seguridad nacional.
“Es ridículo que (Enrique) Peña Nieto diga hoy que la gendarmería va a salir del Colegio Militar; si el poder civil del Estado ya tomó a las fuerzas armadas. La policía: Federal, estatal y municipal en más de la mitad de las entidades federativas, los mandos son militares que rinden cuentas al secretario de la Defensa y no a los gobernadores.
“El asunto de la seguridad no tiene que ver ni con toletes ni policías, sino con el fortalecimiento de las instituciones (...) En lo que respecta al mando único en la policía, no se puede hacer porque se trastocaría el pacto federal”.
Aseguró que durante el gobierno de Felipe Calderón, tipificadas como estructuras de adiestramiento policial, “fueron instaladas tres bases militares de Estados Unidos. Una se encuentra en Ciudad Juárez, otra en Santa Gertrudis y la otra opera en Puebla, violando la ley de neutralidad firmada por Lázaro Cárdenas en 1939.
“Otro germen grave que le ha tocado a México es el Estado Mayor Presidencial; institución que también debe desaparecer”, dice.
Acerca de la corrupción de este organismo, narra la anécdota de los generales recién liberados (Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, 9 de julio 2013). “Ellos vendían armamento y equipo militar del Estado Mayor Presidencial. El hilo se rompe y acusan a un mayor del Ejército, a quien se le hizo fácil echarse la culpa; pero una vez detenido, no aguanta, se ampara y sale libre.
“Cuando Dawe era jefe del Estado Mayor de la 20 Zona (Colima) y, un día que fui a mi casa, a un restaurant que tenemos a la orilla del mar, llega Dawe y le dice a mi mamá: ‘¡Ése fue mi jefe! ¡Cuando venga me lo saluda, señora!’ ‘Pues salúdelo usted, está atrás suyo’, le dice.
“Después del saludo comenta: ‘¡Tengo una suerte… ahora soy jefe del Estado Mayor de la 20 Zona Militar!’. Pues no cantes victoria, le respondo. ¿Conoces al mayor fulano de tal? Sí, contesta. Pues yo tengo el expediente de su encarcelamiento y ahí te acusa de vender armamento del Estado Mayor y que has estado coludido aquí, acá y más allá. ‘¿Y tú como lo sabes?’ Responde sorprendido. ¿No te estoy diciendo que tengo el expediente?
El Ejército antes y después del
affaire Forum, Gallardo, Sedena
“Maldito el ejército que apunta sus armas al pueblo”. Simón Bolívar.
José Francisco Gallardo Rodríguez / Reflexiones de un general posdoctorado
generalgallardo1946@gmail.com
Antecedentes
En otro tiempo de impunidades –decía el texto sobre el ombudsman militar, convertido en un clásico por el autoritarismo militar– el buen gobierno no descuida la formación del Ejército Nacional como factor clave del poder estatal. “Los cimientos del poder no sólo dependen de las buenas leyes, sino de los buenos ejércitos. Las principales bases de todos los Estados, nuevos, antiguos o mixtos, son las buenas leyes y los buenos ejércitos; y como no puede haber buenas leyes donde no haya buenos ejércitos, y donde éstas no existen aquéllos tampoco.” (Maquiavelo).
La fuerza del Estado por tanto, se organiza en beneficio de su propio vigor y conservación para evitar que los conflictos, luchas y pugnas, vulneren su capacidad de dirección, mando y soberanía. La organización de las fuerzas militares en el Estado es factor fundamental para retener el poder con eficiencia política. Por ende, el bien público depende de la seguridad política y nacional del Estado. De ahí la importancia de que la fuerza militar sea utilizada en provecho de los gobernados. (Forum número 22, octubre de 1993).
Función
La propuesta del ombudsman militar tiene por objeto abrir al Ejército al escrutinio social y a la rendición de cuentas, establecer una nueva relación civil-militar, donde el poder militar esté sometido al poder civil, que ha sido ungido por la voluntad popular, un principio que caracteriza a los países democráticos.
Nadie sabe qué sucede en el seno de las fuerzas armadas, los militares se comportan como si hubieran sido paridos por la providencia, como si fuera una institución conformada por extraterrestres, un poder de facto que históricamente ha trastocado el orden jurídico e institucional de la nación; hoy convertido en una amenaza a la seguridad del Estado, pues nunca ha cumplido con su función mandada por la Constitución General: la defensa nacional.
El incumplimiento de esta función pública debería estar tipificada como un delito de traición a la patria. ¿Cuándo el alto mando militar ha cumplido con este mandato constitucional? Nunca.
El ombudsman militar operaría como una institución del Congreso para contrapesar al Ejecutivo en su rama militar, jamás el alto mando ha rendido cuentas a nadie, ni al mismo presidente, ni al Congreso, ni a la sociedad, pero actúa perversa y subrepticiamente dentro de las estructuras políticas y de poder, lo que inhibe los avances democráticos del país. El debate en la democracia es político, no militar.
Actividades
Atento a la división de poderes que contempla la Constitución, ninguna persona o corporación puede reunir dos o más poderes; el alto mando, la corporación militar tiene más poder que el mismo comandante supremo o cualquier otro poder del Estado: administra y procura la justicia, aplica la ley, persigue el delito, incumple las resoluciones de amparo que emite la Suprema Corte y realiza actividades que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles; en su función policiaca, acumula estadísticas escandalosas de violaciones a los derechos humanos, que han puesto a México en el escarnio internacional.
Antes y después
Si bien la masacre estudiantil de 1968, perpetrada por el Ejército todavía impune hasta la fecha, rompió paradigmas dentro de la organización militar que pudo haber cambiado su rumbo hacia la función de defensa nacional, la publicación hecha por la revista Forum en octubre de 1993, sobre la creación del ombudsman militar, melló en lo más profundo de las cloacas y estructura castrense, pues no sólo cimbró al Ejército sino al sistema político y al Estado en su conjunto.
Las fuerzas armadas históricamente han dedicado su capacitación, adoctrinamiento y equipamiento a los asuntos de orden interno, su permanencia dentro del Estado se justifica por las acciones represoras y disciplinadoras en contra de la población; el poder estatal no gobierna, se somete con el objeto de soportar a las oligarquías y a los poderes de facto.
La actitud persecutora del mando militar contra la revista Forum y el que suscribe, cayó como ácido en el engranaje de la maquinaria militar, se suma como maleficio el levantamiento zapatista del 1 de enero 1994 y las matanzas de indígenas hechas por militares que exhibieron a México a nivel global como uno de los más sistemáticos violadores de los derechos humanos; lo que confirma la validez de la propuesta del ombudsman militar. Como condena a esa acción, el Ejército está corrompido hasta la médula, un germen de su destrucción que en su caída puede arrastrar al mismo Estado.
Sin embargo, en estas dos décadas hay avances importantes dentro de la institución armada: se admitieron defensores civiles dentro de los juicios militares, en los programas de educación militar se contempla el tema de los derechos humanos, se crearon la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la Dirección de Comunicación Social, la Dirección General de Derechos Humanos, todo soldado trae consigo una cartilla sobre los derechos humanos, se incorporaron los militares que fueron dados de baja por padecer VHI-sida, se han presentado diferentes iniciativas de reforma de ley sobre el tema del Ejército, entre ellas la propuesta del ombudsman militar.
No obstante ello, hay un abismo entre la actuación militar y las violaciones a los derechos humanos más graves aún que hace veinte años. Hoy el Ejército carga con más de 18 mil denuncias ante la CNDH y otras que se ventilan en las cortes internacionales por actos infamantes. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se discutieron varios casos sobre los abusos del Ejército, destaca entre ellos el caso Radilla.
Conclusión
A dos décadas de conocido el proyecto, confirmo la necesidad de la creación del ombudsman militar, pero no sólo eso, sino la formación de un ejército nacional, obediente, profesional y no deliberativo; el que ahora tenemos está convertido en policía.
Finalmente, parafraseando a los clásicos: se puede hacer frente a un ejército invasor, pero no a una idea cuyo tiempo ha llegado. El cultivo de un pensamiento osado, independiente e imaginativo es de la mayor importancia si se desea aumentar la seguridad de la nación. Es tiempo de tocar lo prohibido en México.
Propone Peña Nieto reformar la ley
para proteger a los militares con VIH
Leonardo Bastida Aguilar / NotieSe
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Con la finalidad de atender las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asentadas en el Informe de Fondo No. 139/11, relativo al caso de dos militares mexicanos dados de baja de las fuerzas armadas por ser VIH positivos, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 24 y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
El documento propone modificar la fracción IV del artículo 24, cuyo contenido actual establece que es causa de retiro quedar incapacitado en actos fuera del servicio: “(Es causa de retiro) Quedar incapacitado en actos fuera del servicio, conforme a lo establecido en los artículos 174 y 183 de esta Ley”.
Al respecto, el artículo 174 establece que “la incapacidad por causas extrañas al servicio se acreditará únicamente con los certificados que deben expedir los médicos militares o navales especialistas que designen las secretarías de la Defensa Nacional o de Marina”.
En tanto, el 183 refiere que “en todos los casos en que se requiera la presentación de certificados y dictámenes médicos, éstos deberán estar suscritos, cuando menos por dos médicos militares o navales especialistas en el padecimiento que presenta el militar”.
Por tal motivo, indica el proyecto de reforma, será forzosa la existencia de certificados o dictámenes, elaborados por dos médicos militares o navales especialistas en el padecimiento de que se trate, que acrediten la incapacidad de una persona para ser parte de las fuerzas armadas.
Como parte de la reforma, se deroga el apartado 82 del artículo 226 que señala como causal de retiro del personal castrense “los estados de inmunodeficiencia de cualquier etiología, con susceptibilidad a infecciones recurrentes”.
Además, se modifica el apartado 83 del mismo artículo, cuyo contenido actual indica que es motivo de baja de las fuerzas armadas “la seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias más infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas, en etapa terminal por más de seis meses”.
Para quedar de la siguiente manera: “el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, manifestado por la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias más infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas, que impliquen la pérdida de la funcionalidad para el desempeño de los actos del servicio”.
La propuesta adiciona el artículo 226 bis, en cuyo contenido se enlistan los padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20 por ciento ameritan cambio de arma o servicio a petición de un consejo médico. Sobre el VIH, el apartado 19 define que sólo amerita cambio de arma o servicio “la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias, cuyo control y tratamiento médico limite el desempeño de los actos del servicio”.
El mismo artículo concluye que “en todos los casos en que sea médicamente posible, se deberá ajustar el control y tratamiento médico a las actividades específicas del militar, sin afectar al servicio y sin ningún tipo de discriminación”.
Los antecedentes
El 9 y 21 de abril de 2004, la Corte Interamericana recibió las peticiones 302-04 y 386-04, presentadas por JSCH, exsubteniente conductor en la Secretaría de la Defensa Nacional y MGS, excabo de Infantería de la misma secretaría, en contra de los Estados Unidos Mexicanos, por la probable discriminación cometida en su perjuicio, en razón de haber sido dados de baja del Ejército Mexicano por ser VIH positivos, y que tuvo como consecuencia una afectación a su vida privada e integridad personal.
Siete años después, la CIDH emitió un informe en el que recomendaba al Estado mexicano la reforma a los artículos 24 y 226 de la ley del ISSFAM para que fuera compatible con las obligaciones del Estado respecto a los derechos consagrados en los artículos 1, 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, para aclarar que la seropositividad al VIH no limita en automático la actividad funcional militar.
El pasado 21 de octubre la iniciativa de reforma fue recibida por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, y fue turnada para su revisión y análisis a la Comisión de Defensa Nacional, presidida por Jorge Garza Mendoza.
Triunfo de militares con VIH, triunfo compartido
Luis Manuel Arellano / NotieSe
Twitter: @LuisManuelArell Facebook: Agencia NotieSe Twitter: @LuisManuelArell
La iniciativa presidencial por la cual se ajusta la lectura que ha tenido la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas en materia de VIH/sida, constituye un paso importante de México en la lucha contra la discriminación asociada a esta enfermedad, toda vez que reconoce el derecho al trabajo de quienes han adquirido dicha infección, pero sobre todo porque finalmente se acepta, de manera expresa, que “la seropositividad al VIH no limita en automático la actividad funcional militar”.
El presidente Enrique Peña Nieto, con esta medida, estampa su firma en la aceptación de la recomendación formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual constituye en los hechos el primer acto de su gobierno en el que habla directamente del VIH/sida, y así lo anunció, incluso, en su cuenta de Twitter el 22 de octubre.
La medida es significativa, además, porque la recomendación llega desde la CIDH y no de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde éstas y otras quejas de militares fueron inicialmente expuestas sin que dicho organismo nacional hubiera presentado recomendación alguna para que, finalmente, el gobierno federal como lo hace hoy, reconociera que las garantías constitucionales para personas con VIH no estaban consideradas en la legislación militar.
Entre las disposiciones normativas que el Ejecutivo mexicano cita en la exposición de motivos se encuentran los principios contra la discriminación formulados desde el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) pero también establecidos en diversos instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano en materia de protección a los derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio Internacional del Trabajo número 111 Relativo a Discriminación en materia de Empleo y Ocupación.
En el ámbito local, el Ejecutivo retoma los principios de protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Como puede observarse, materia suficiente existía desde hace mucho tiempo, para que una recomendación así fuera formulada por nuestra CNDH, organismo que moralmente tiene la obligación de explicar por qué motivo y bajo qué criterios no lo hizo antes.
El periplo de los dos militares que bajo la defensa del abogado Pedro Morales Aché dieron una lucha ejemplar por sus derechos fue consignada por NotieSe desde hace diez años cuando habiendo agotado todos los recursos jurídicos en el país decidieron tocar las puertas para dar la última batalla, la batalla por su empleo y dignidad, en la cancha de la CIDH.
Entones un reportaje de Antonio Medina recogió la opinión del comandante Felipe Bonilla Espinobarrios, de la décima región militar de Yucatán, quien explicaba que a los miembros de las fuerzas armadas se les daba de baja por ser “inútiles para el servicio a la patria” (NotieSe, 19/02/03).
Debe decirse, sin embargo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí dio entrada a esta lucha de los militares con VIH y que si bien descartó sentar jurisprudencia ante los diversos casos de amparo recibidos, finalmente observó que existían contenidos en la legislación médica de las fuerzas armadas que negaban los avances en el marco general de derecho del país.
La visión de la SCJN se dividió inicialmente. La prensa en su momento consignó que algunos ministros como Mariano Azuela y Genaro Góngora Pimentel consideraron como “inútiles” o como un “riesgo” a los militares con VIH (El Universal, 24/09/07). En los hechos la Corte únicamente asumió una postura de aceptar amparos por despido, por lo cual resultaba necesario que fuera el Congreso de la Unión la entidad que modifique la legislación militar.
La iniciativa de reforma que presenta el presidente, si bien es relevante porque ordena atender la recomendación de la CIDH, igualmente debe asumirse por el hecho de que reconoce la importancia de la atención antirretroviral en la salud de quienes viven con VIH/sida.
En la misma exposición de motivos el presidente Peña Nieto refiere, citando a la Organización Mundial de la Salud: “que las personas que viven con VIH, con un tratamiento médico adecuado, pueden realizar su actividad laboral en las mismas condiciones que una persona que no padezca la enfermedad, por la que no hay ninguna razón sanitaria para imponer restricciones de empleo a las personas infectadas por el VIH”.
Los mismos argumentos son retomados de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas que viven con el VIH/sida del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida.
Se trata de principios normativos que llevan años sin haberse considerado por el Ejecutivo, por lo que ahora deben transformarse en una política más amplia de no discriminación particularmente en el ámbito laboral, donde actualmente sigue pendiente una intervención federal que evite las pruebas de detección del VIH como condicionante para ofrecer o conservar el trabajo.
Éste es sin duda un triunfo compartido: de los militares afectados, de su abogado, de la CIDH, incluso de las mismas fuerzas armadas y también del gobierno mexicano, porque se cierra una ventana de discriminación en momentos en que el país sigue llamando la atención de foros internacionales en materia de derechos humanos.
Además, se abre una nueva puerta para seguir reparando el daño cultural y político que la lectura equivocada de la epidemia ha construido en sus 30 años de existencia en esta nación. ¿Hay que celebrarlo? Por supuesto, particularmente porque comprueba que se puede cuestionar el rigor de las leyes militares y en general atender uno de los efectos más perniciosos que acompaña este problema de salud pública: la discriminación laboral.
México recibe 180 recomendaciones de
la ONU por violar los derechos humanos
Anayeli García Martínez / CIMAC
prensaycomunicacioncimac@gmail.com
Organizaciones humanitarias criticaron la posición del Estado mexicano ante el Examen Periódico Universal que aplica el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y afirmaron que el actual gobierno no asume la grave realidad en el tema, ni presenta avances reales.
Organizaciones humanitarias criticaron la posición del Estado mexicano ante el Examen Periódico Universal que aplica el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y afirmaron que el actual gobierno no asume la grave realidad en el tema, ni presenta avances reales.
Una comitiva encabezada por el canciller mexicano, José Antonio Meade, compareció el 23 de octubre ante la instancia de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para exponer la situación de las garantías humanitarias en el país.
Durante la evaluación, los países que participaron cuestionaron al Estado mexicano en temas como violencia de género, migración, fuero militar, arraigo, desaparición forzada y derechos de los pueblos indígenas, entre otras problemáticas.
Al final emitieron 180 recomendaciones que fueron presentadas por escrito el 25 de octubre, y en marzo de 2014 México deberá informar si acepta o rechaza los exhortos planteados por los Estados miembros de la ONU.
En conferencia de prensa realizada en esta capital, representantes de organizaciones civiles que siguieron la evaluación hicieron un llamado para que el Estado mexicano acepte e incorpore las recomendaciones planteadas por la comunidad internacional en una agenda de derechos humanos.
Alejandra Nuño, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que un tema relevante para la comunidad internacional fue la violencia contra las mujeres, y por ello de las 180 recomendaciones a México, al menos 17 tienen que ver con los derechos femeninos.
Mencionó que durante el Examen Periódico Universal se advirtió a nuestro país que debería sancionar la violencia de género y el feminicidio, tipificar este delito en las legislaciones estatales donde no existe, y armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Nuño explicó además que en la sesión se dejó ver que las mexicanas atraviesan por una ola de violencia, y que las instituciones no están a la altura para hacer frente a esta situación.
Por ejemplo, recordó que desde diciembre de 2010 la CMDPDH, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, presentó una solicitud de Alerta de Violencia de Género para el estado de México, pero a la fecha la petición está en litigio.
Al respecto, Marusia López, coordinadora de Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés), dijo que entre algunos Estados hubo observaciones sobre la poca efectividad del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En este tema resaltó que hubo una recomendación enfocada a que se revisen las medidas de protección que se otorgan a las mujeres defensoras y las periodistas, toda vez que ellas son víctimas de una violencia distinta en comparación con sus pares varones.
Mencionó que entre 2012 y 2013 el mecanismo ha dado protección a 40 mujeres defensoras, pero hasta ahora las autoridades carecen de un protocolo con perspectiva de género para brindar la atención adecuada a las activistas.
Areli Sandoval, integrante de Deca Equipo Puebla, agregó que el Estado mexicano no hizo un balance certero sobre los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo el acceso a vivienda, salud, educación o combate a la pobreza.
Recalcó que estos temas fueron fuente de preocupación para algunos países, por lo llamaron a México a garantizar el derecho a la alimentación, y en un caso se hizo la observación de que “no es lo mismo paliar pobreza que erradicarla”.
En ello coincidió Maribel González, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien puntualizó que otro tema que se abordó fueron los derechos de los pueblos indígenas, su derecho a la consulta y a la alimentación.
Gabriela Morales, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, agregó que hubo seis recomendaciones sobre los derechos de las personas migrantes, un tema donde hay mucho que hacer, ya que, aseguró, este tema se trata como asunto policial y no del derecho humanitario.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que México presentó información errónea al afirmar que hay avances en el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El defensor aclaró que en todos los casos resueltos por la Corte Interamericana hay un rezago en las investigaciones judiciales en México.
Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT), señaló que durante la sesión la comitiva mexicana dio una lista de acciones legislativas, pero no asumió la gravedad del contexto de los últimos cuatro años.
Explicó que México se sometió al Examen Periódico Universal por primera vez en 2009 y en esta ocasión debía dar cuenta de los avances logrados desde entonces, pero a decir de la activista las acciones que se expusieron no dan cuenta de lo que ha sucedido desde esa fecha.
Raczynska mencionó que en el informe que México envió a la ONU se notó que no había un balance real, pero dijo que las organizaciones civiles esperan que ahora las autoridades acepten las recomendaciones y las integren en una agenda de derechos humanos a desarrollar durante los próximos años.
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