A 20 AÑOS DE SU ENCARCELAMIENTO

José Sobrevilla

“Desde cadete me di cuenta de la corrupción que había en el Colegio Militar. Todo tenía un costo: peluquería, rancho, exámenes, servicios, órdenes de arresto. Siempre estuve al margen; quienes las practicaban me tildaban de falta de compañerismo o espíritu de cuerpo”.  José Francisco Gallardo, UNAM, tesis de maestría La necesidad de un ombudsmanmilitar en México”,  p. 4.

“Fue el 8 de noviembre de 1993 en el restaurante Covadonga, por el hotel de México, cuando en un desayuno en que estuvo presente Vicente Fox presenté mi proyecto de tesis. Yo iba uniformado y Fox se sentó a mi lado, ‘Yo me siento junto al poder’, dijo cuando le preguntaron dónde se quería acomodar. Después del acto, en el sanitario, Eduardo Ibarra, director de la revistaForum, a quien no conocía, me aborda y pregunta si le autorizo publicar parte de mi tesis; respondo que sí.

“Una vez  publicada, sentí escalofrío. No sabía cómo reaccionarían mis compañeros. Desde antes, yo traía un problema con el general Antonio Riviello Bazán, porque desde que se acabó el sexenio de Miguel De la Madrid, ‘me traían marcando el paso’.

“Después de ser secuestrado por más de 20 militares y amenazado en el camino, fui llevado ante el secretario de la Defensa. Llego a su despacho, realizo el protocolo militar de rigor; se encontraba su secretario particular, el jefe del Estado Mayor y mucha gente. Con un grito me reprocha: ‘¿Quién le autorizó publicar esto?’ Y me avienta la revista Forum a los pies”.

–Lo escribí porque no tengo que pedir permiso a nadie para hacer uso de mis derechos constitucionales, mi general.–Respondí.

–Sí, pero ¡usted firmó un contrato y lo debe respetar! ¡Aquí estamos en el Ejército!

–Yo firmé un contrato para entregar mi voluntad y mi vida al país, no mi dignidad.

“Al final del regaño, cuando se le acaba la cuerda, me grita: ¡Levante esa revista!”

 –¿Puedo hablar? –Pregunté.

–Sí.

–Pues levántela usted, mi general. Usted la tiró.

–¡Cómo se te ocurre increpar al señor secretario!  –Me amonesta indignado el jefe del Estado Mayor.

–No lo estoy increpando; sólo estoy respondiendo lo que me dijo. 

Otro general de los presentes espeta: –¡Estás relajando la disciplina militar!

–¡Usted no se meta general, ésta es cosa de hombres: entre el secretario de la Defensa y yo! –Respondo enérgico.

–Además, agrego, yo no estoy relajando la disciplina militar; quien lo hace es el secretario de la Defensa, por llamarme la atención delante de personal de menor graduación.

“Me doy la media vuelta y me retiro. Me grita el secretario de la Defensa: ‘¡No se retire!’”

–Claro que sí me retiro, mi general.

–¡Lo voy a procesar!

–Pues procéseme, si puede.

“Me dirijo hacia la puerta donde se encontraba un policía militar vigilando. De un grito, el secretario de la Defensa le advierte: ‘¡Que no salga! Con voz tranquila le digo, ‘voy a salir mi teniente’. ‘Sí mi general’, responde, y se hace un lado para que cruce la puerta. Ya estando afuera me detienen y llevan a la cárcel. Como a la media hora llega el teniente que me dejo pasar, también arrestado”.

Después de ocho años, dos meses y 28 días de estar en prisión, y haber ganado 37 amparos, una resolución de las Naciones Unidas y una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se pedía su liberación inmediata, el 7 de febrero de 2002, Gallardo fue puesto en libertad por decreto presidencial anunciado por dos secretarios de Estado: Santiago Creel, de Gobernación, y Jorge Castañeda, de Relaciones Exteriores. 

¿Valió la pena?

–Sí. Porque a raíz de mi encarcelamiento fueron modificados los programas de educación militar para incluir derechos humanos; se creó una Subprocuraduría de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia Militar; los juicios de amparo se abrieron. Hoy, por ejemplo, un actuario puede notificar dentro de una prisión militar; y entró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no sirve para nada, porque sólo encubre autoridades del poder político.

Se creó una dirección de Comunicación Social, que era inexistente; se incluyó en la planeación estratégica nacional los derechos humanos. Fue creada la Dirección General de Derechos Humanos del Ejército “que sólo es la burocratización del tema, porque cuando llega una recomendación al secretario de la Defensa, se envía a esa oficina; pero es encabezada por quienes violaron derechos humanos cuando ejercieron como agentes del Ministerio Público o juez. “Es una tomadura de pelo”, sin embargo ya es un avance.

Entonces, 20 años después ¿ratifica la necesidad de un ombudsman militar?

–No sólo eso; lo ratifico pero ahora digo que el Ejército, en las condiciones en que se encuentra, debería desaparecer; comentó el general José Francisco Gallardo Rodríguez (Atotonilco el Alto, Jalisco, 6 de octubre de 1946).

Ejército, obstáculo al desarrollo democrático

La charla se dio en el María Cristina, grupo de reflexión coordinado por el director de Forum en Línea, Eduardo Ibarra Aguirre. Allí, tajante, el general Gallardo enfatizó “Lo he dicho N veces: para reformar al Estado, hay que reformar al Ejército.

“En un Estado democrático el debate es político, no militar; y hoy existe una activa participación de los militares en las estructuras políticas; sin embargo inhiben el avance democrático del país, al realizar funciones que corresponden a otras instituciones, como campañas de vacunación, alfabetización, Plan DN-III, o al combatir el narcotráfico.

“La razón de cualquier Ejército del mundo es defender a la patria y, hasta ahora, el Ejército Mexicano jamás ha hecho funciones de defensa nacional.

“La máxima institución del país nació por un decreto del Congreso de Coahuila en 1913, después del asesinato de Madero, en el que exhorta a Carranza, gobernador entonces, a convocar la formación de una fuerza militar estatal; pero como la situación estaba muy conflictiva, tuvo respuesta nacional”.

Señala que la guardia nacional está contemplada por la Constitución, pero no se encuentra reglamentada. Se integra sin goce de sueldo para sus integrantes y es coyuntural; sin embargo, el gobierno no auspicia su formación.

La guardia nacional dependería directamente de los gobernadores y no es permanente. Sus efectivos se forman con gente común. Los mandos se nombran por votación, operan en asambleas y maniobras militares en la jurisdicción estatal. Si el presidente las quisiera sacar del estado, tendría que pedir autorización al Congreso.

Para el general Gallardo, la inseguridad en México se resolvería, en parte, impulsando la formación de la guardia nacional, las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, mismos que surgen del influjo del pueblo por incompetencia de los gobernantes.

Pero también la pobreza se podría solucionar si se promocionara la producción comunitaria y el impulso al cooperativismo. En sí, fortalecer aquellas instituciones que estén lo más alejadas del gobierno y de la banca privada.

“Me llama la atención –continúa el general brigadier– una situación contemplada en la Constitución en el artículo 89 fracción séptima, donde dice que el presidente de la república tiene facultad para usar la guardia nacional en defensa de la seguridad exterior e interior de la nación. Pero no dice de la seguridad nacional.

“Es ridículo que (Enrique) Peña Nieto diga hoy que la gendarmería va a salir del Colegio Militar; si el poder civil del Estado ya tomó a las fuerzas armadas. La policía: Federal, estatal y municipal en más de la mitad de las entidades federativas, los mandos son militares que rinden cuentas al secretario de la Defensa y no a los gobernadores.

“El asunto de la seguridad no tiene que ver ni con toletes ni policías, sino con el fortalecimiento de las instituciones (...)  En lo que respecta al mando único en la policía, no se puede hacer porque se trastocaría el pacto federal”.

Aseguró que durante el gobierno de Felipe Calderón, tipificadas como estructuras de adiestramiento policial, “fueron instaladas tres bases militares de Estados Unidos. Una se encuentra en Ciudad Juárez, otra en Santa Gertrudis y la otra opera en Puebla, violando la ley de neutralidad firmada por Lázaro Cárdenas en 1939.

“Otro germen grave que le ha tocado a México es el Estado Mayor Presidencial; institución que también debe desaparecer”, dice.

Acerca de la corrupción de este organismo, narra la anécdota de los generales recién liberados (Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, 9 de julio 2013). “Ellos vendían armamento y equipo militar del Estado Mayor Presidencial. El hilo se rompe y acusan a un mayor del Ejército, a quien se le hizo fácil echarse la culpa; pero una vez detenido, no aguanta, se ampara y sale libre.

“Cuando Dawe era jefe del Estado Mayor de la 20 Zona (Colima) y, un día que fui a mi casa, a un restaurant que tenemos a la orilla del mar, llega Dawe y le dice a mi mamá: ‘¡Ése fue mi jefe! ¡Cuando venga me lo saluda, señora!’ ‘Pues salúdelo usted, está atrás suyo’, le dice.

“Después del saludo comenta: ‘¡Tengo una suerte… ahora soy jefe del Estado Mayor de la 20 Zona Militar!’. Pues no cantes victoria, le respondo. ¿Conoces al mayor fulano de tal? Sí, contesta. Pues yo tengo el expediente de su encarcelamiento y ahí te acusa de vender armamento del Estado Mayor y que has estado coludido aquí, acá y más allá. ‘¿Y tú como lo sabes?’ Responde sorprendido. ¿No te estoy diciendo que tengo el expediente?

El Ejército antes y después del

affaire Forum, Gallardo, Sedena

“Maldito el ejército que apunta sus armas al pueblo”. Simón Bolívar.

José Francisco Gallardo Rodríguez / Reflexiones de un general posdoctorado

generalgallardo1946@gmail.com

Antecedentes

En otro tiempo de impunidades –decía el texto sobre el ombudsman militar, convertido en un  clásico por el autoritarismo militar– el buen gobierno no descuida la formación del Ejército Nacional como factor clave del poder estatal. “Los cimientos del poder no sólo dependen de las buenas leyes, sino de los buenos ejércitos. Las principales bases de todos los Estados, nuevos, antiguos o mixtos, son las buenas leyes y los buenos ejércitos; y como no puede haber buenas leyes donde no haya buenos ejércitos, y donde éstas no existen aquéllos tampoco.” (Maquiavelo).

La fuerza del Estado por tanto, se organiza en beneficio de su propio vigor y conservación para evitar que los conflictos, luchas y pugnas, vulneren su capacidad de dirección, mando y soberanía. La organización de las fuerzas militares en el Estado es factor fundamental para retener el poder con eficiencia política. Por ende, el bien público depende de la seguridad política y nacional del Estado. De ahí la importancia de que la fuerza militar sea utilizada en provecho de los gobernados. (Forum número 22, octubre de 1993).

Función

La propuesta del ombudsman militar tiene por objeto abrir al Ejército al escrutinio social y a la rendición de cuentas, establecer una nueva relación civil-militar, donde el poder militar esté sometido al poder civil, que ha sido ungido por la voluntad popular, un principio que caracteriza a los países democráticos.

Nadie sabe qué sucede en el seno de las fuerzas armadas, los militares se comportan como si hubieran sido paridos por la providencia, como si fuera una institución conformada por extraterrestres, un poder de facto que históricamente ha trastocado el orden jurídico e institucional de la nación;  hoy convertido en una amenaza a la seguridad del Estado, pues nunca ha cumplido con su función mandada por la Constitución General: la defensa nacional.

El incumplimiento de esta función pública debería estar tipificada como un delito de traición a la patria. ¿Cuándo el alto mando militar ha cumplido con este mandato constitucional? Nunca.

El ombudsman militar operaría como una institución del Congreso para contrapesar al Ejecutivo en su rama militar, jamás el alto mando ha rendido cuentas a nadie, ni al mismo presidente, ni al Congreso, ni a la sociedad, pero actúa perversa y subrepticiamente dentro de las estructuras políticas y de poder, lo que inhibe los avances democráticos del país. El debate en la democracia es político, no militar.

Actividades

Atento a la división de poderes que contempla la Constitución, ninguna persona o corporación puede reunir dos o más poderes; el alto mando, la corporación militar tiene más poder que el mismo comandante supremo o cualquier otro poder del Estado: administra y procura la justicia, aplica la ley, persigue el delito, incumple las resoluciones de amparo que emite la Suprema Corte y  realiza actividades que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles; en su función policiaca, acumula estadísticas escandalosas de violaciones a los derechos humanos, que han puesto a México en el escarnio internacional.

Antes y después

Si bien la masacre estudiantil de 1968, perpetrada por el Ejército todavía impune hasta la fecha, rompió paradigmas dentro de la organización militar que pudo haber cambiado su rumbo hacia la función de defensa nacional, la publicación hecha por la revista Forum en octubre de 1993, sobre la creación del ombudsman militar, melló en lo más profundo de las cloacas y estructura castrense, pues no sólo cimbró al Ejército sino al sistema político y al Estado en su conjunto.

Las fuerzas armadas históricamente han dedicado su capacitación, adoctrinamiento y equipamiento a los asuntos de orden interno, su permanencia dentro del Estado se justifica por las acciones represoras y disciplinadoras en contra de la población; el poder estatal no gobierna, se somete con el objeto de soportar a las oligarquías y a los poderes de facto.

La actitud persecutora del mando militar contra la revista Forum y el que suscribe, cayó como ácido en el engranaje de la maquinaria militar, se suma  como maleficio el levantamiento zapatista del 1 de enero 1994 y las matanzas de indígenas hechas por militares que exhibieron a México a nivel global como uno de los más sistemáticos violadores de los derechos humanos; lo que confirma la validez de la propuesta del ombudsman militar. Como condena a esa acción, el Ejército está corrompido hasta la médula, un germen de su destrucción que en su caída puede arrastrar al mismo Estado.

Sin embargo, en estas dos décadas hay avances importantes dentro de la institución armada: se admitieron defensores civiles dentro de los juicios militares, en los programas de educación militar se contempla el tema de los derechos humanos, se crearon la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la Dirección de Comunicación Social, la Dirección General de Derechos Humanos, todo soldado trae consigo una cartilla sobre los derechos humanos, se incorporaron los militares que fueron dados de baja por padecer VHI-sida, se han presentado diferentes iniciativas de reforma de ley sobre el tema del Ejército, entre ellas la propuesta del ombudsman militar.

No obstante ello, hay un abismo entre la actuación militar y las violaciones a los derechos humanos más graves aún que hace veinte años. Hoy el Ejército carga con más de 18 mil denuncias ante la CNDH y otras que se ventilan en las cortes internacionales por actos infamantes. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se discutieron varios casos sobre los abusos del Ejército, destaca entre ellos el caso Radilla.

Conclusión

A dos décadas de conocido el proyecto, confirmo la necesidad de la creación del ombudsman militar, pero no sólo eso, sino la formación de un ejército nacional, obediente, profesional y no deliberativo; el que ahora tenemos está convertido en policía.

Finalmente, parafraseando a los clásicos: se puede hacer frente a un ejército invasor, pero no a una idea cuyo tiempo ha llegado. El cultivo de un pensamiento osado, independiente e imaginativo es de la mayor importancia si se desea aumentar la seguridad de la nación. Es tiempo de tocar lo prohibido en México